Monthly Archive septiembre 2017

Porjanazcoj

Infracciones Aduaneras en el Ecuador

“La ley obliga a todos los habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona alguna” Art. 13 del Código Civil.

La biósfera del Comercio exterior es amplia pues abarca a Operadores de Comercio Exterior como: importadores, exportadores, logística, consolidadoras, agentes de aduana. Aquí radica la importancia de conocer las infracciones aduaneras consideradas como delitos.

Empezando por el Art. 283 sobre ataque o resistencia (COIP) dice claramente que quienes amenacen a empleados públicos incluidos los guardas de las aduanas serán sancionados con pena privativa de libertad de seis meses a dos años  y en caso de estar armados la pena aumenta de tres a cinco años, eso hablándose específicamente del tema relacionados en el presente artículo y no deja de ser agravante en caso de que sea colectiva la infracción por eso es preferible evitar cualquier tipo conflicto con el fin de agravar la pena.

Respecto al delito aduanero se encuentran establecidas en el COIP tenemos:

Defraudación aduanera que se encuentra establecida en el Art. 299 se refiere que las personas que perjudiquen a la administración aduanera en las recaudaciones de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de hasta diez veces de los tributos que se pretendió evadir, si realiza cualquiera de los siguientes actos:

  1. Importe y exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos; en el presento caso el ejercicio de la acción penal no depende de cuestiones prejudiciales cuya decisión competa el fuero civil; esta última parte se refiere a que no hay necesidad de que primero se establezca un proceso civil para el enjuiciamiento penal sino que penalmente se puede seguir el proceso.
  2. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un beneficio.
  3. No declare la cantidad correcta de mercancías.
  4. Oculte dentro de mercaderías declaradas otras mercancías sujetas a declaración.
  5. Obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos o que según la ley no cumplan con los requisitos para gozar de tales beneficios.
  6. Induzca por cualquier medio, al error a la administración aduanera en la devolución condicionada de tributos.

Artículos que guardan relación CODIGO TRIBUTARIO, Art. 36,123; CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES (COPCI, Art. 175,190)

No Obstante si el rango es inferior al establecido como delito, pues entra en una contravención que estaría estipulada en el (COPCI), hay que tener en cuenta que para que sea delito el aspecto que se tendría en cuenta a parte del dolo, es el monto económico al cual se pretende evadir.

La Recepción Aduanera, se encuentra establecida en el Art. 300 del COIP; muchos personas que viven en la frontera pueden conocer cuando receptan mercaderías cuando incurren al delito y cuando no, lo que dice el COIP respecto a esto que la adquisición a título oneroso o gratuito, recepción en prenda o consignación y tenencia o almacenamiento de mercancías extranjeras, cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, sin que el tenedor de las mismas acredite su legal importación o legítima adquisición en el país, dentro de las setenta y dos horas siguientes al requerimiento de la autoridad aduanera competente, será sancionado con una pena privativa de libertad de uno a tres años y multa del duplo del valor en aduana de la mercancía.

Claramente dice que para que existe el delito debe superar los 150 SBU del trabajador en general estamos hablamos de $56.250 a septiembre del 2017; mientras no sea mayor o igual a este valor deja de considerarse como delito la tenencia o recepción.

De no superar el valor como dice el COIP para que se establezca como delito entraríamos en una contravención como infracción; y la sanción en la mayoría de los casos es multa.

Del Contrabando se encuentra establecido en el artículo 301 del COIP y establece que la persona que, para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea igual o superior a diez salarios básicos unificados del trabajador en general (estamos hablando que sea superior a 3750 dólares hasta el 2017), realice uno o más de los siguientes actos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, multa de hasta tres veces el valor en aduana de la mercadería objeto del delito cuando:

  1. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero.
  2. Movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin tener la respectiva documentación y en caso de tenerlos los podrá justificar en un plazo de setenta y dos horas.
  3. Cargue y descargue de un medio de transporte mercancías no manifiestas, siempre que se realice sin el control de las autoridades competentes.
  4. Interne al territorio nacional mercancías de una Zona Especial de Desarrollo Económico o sujeta a un régimen especial, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación correspondiente.
  5. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de transporte, mercancías extranjeras antes de someterse al control aduanero, salvo los casos de arribo forzoso.
  6. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras, evadiendo el control aduanero.
  7. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocados en los medios de transporte o locales como depósitos temporales, siempre que se determine faltante total o parcial de las mercaderías.
  8. Extraiga mercaderías que se encuentren en zona primaria o depósito temporal, sin haber obtenido el levante de las mismas.

Y si la persona vende, transfiere o use indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, gozando de beneficios totales o parciales sin obtener la debida autorización será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir, según el Art. 302 del COIP inciso segundo.

Según el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones en el art. 124 claramente manifiesta que toda persona podrá presentar reclamo administrativo en contra de todos los actos administrativos dictados por el Director General o Directores Distritales del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador que afecten directamente sus derechos, a partir de los veinte días de haber sido notificado con dicho acto; los reclamos se sustanciaran de acuerdo al código tributario.

ADEMÁS

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones que lo abordaremos en adelante con las siglas COPCI en el artículo 175 define claramente lo de las Infracciones aduaneras a los delitos, contravenciones y faltas reglamentarias previstas en el presente código. No Obstante, para la configuración del delito se requiere la existencia del dolo, para las contravenciones y faltas reglamentarias se sancionarán por la simple transgresión a la norma.

Por lo tanto, concluimos según el art 175 del COPCI, que son infracciones de carácter aduanero:

  • El Delito
  • La contravención
  • Las faltas reglamentarias

Una de las más importantes semejanzas entre las contravenciones y las faltas reglamentarias, es que son infracciones simples que causan pequeñas, nulas o ninguna alarma social, y no son delitos; por su parte delitos causan alarma social por lo que agreden al bien jurídico tutelado y por lo tanto al interés colectivo y como consecuencia de ello es sancionado con prisión y como tal es indispensable que la acción u omisión este presente el dolo.

Por su parte para que se configure el Delito Aduanero se debe perjudicar a la administración aduanera en la recaudación de los tributos, sobre mercancías cuya cuantía valle de los 10 a los 150 salarios unificados del trabajador en general.

TIPOS PENALES ADUANEROS

Los tipos penales más relevantes son la defraudación aduanera, el contrabando y la recepción está tipificados como delitos aduaneros en el COIP.

Análisis del Tipo Penal

Sujeto Activo: Cualquier persona que perjudique a la administración aduanera en la recaudación de tributos.

Sujeto Pasivo: El estado representado por el Servicio Nacional de Aduanas, SENAE.

Bien Jurídico Protegido: Interés público de recaudación de tributos o la administración de los tributos aduaneros.

Verbo Rector: perjudicar, lesionar, afectar, descalabrar.

Tipo de Acción: Fiscal

Circunstancias:

  1. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos; en el presente caso el ejercicio de la acción penal no depende de cuestiones prejudiciales cuya decisión competa al fuero civil.
  2. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo o beneficio económico total o parcial o de cualquier otra índole.
  3. No declare la cantidad correcta de mercancías.
  4. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a declaración.
  5. Obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio exterior en mercancías que según la Ley no cumpla con los requisitos para gozar de tales beneficios.
  6. Induzca, por cualquier medio, al error a la administración aduanera en la devolución condicionada de tributos.

Pena a imponerse:

  • Privación de la libertad de 3 a 5 años y multa de diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir.

CONTRAVENCIÓN Y SANCIONES AL 2017

a. Permitir el ingreso de personas a las zonas primarias aduaneras, sin cumplir con lo establecido en el reglamento aprobado por la directora o el Director General;

  • La Sanción es de 1 salario básico unificados USD 375

b. Trasmitir electrónicamente en forma tardía, total o parcial, el manifiesto de carga por parte del transportista efectivo operador del medio de transporte;

  • La sanción es de 5 salarios básicos unificados USD 1875

c. Entrega fuera de tiempo establecido por la administración aduanera de las mercancías obligadas a descargar;

  • La sanción es de 5 salarios básicos unificados USD 1875

d. Entregar información calificada como confidencial por las autoridades respectivas, por parte de los servidores públicos de la administración aduanera, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas a que haya lugar;

  • La sanción es de 5 salarios básicos unificados USD 1875

e. No entregar el listado de pasajeros a la administración aduanera, por parte del transportista, hasta antes del arribo o de salida del medio de transporte;

  • La sanción es de 5 salarios básicos unificados USD 1875

f. Cuando el transportista no entregue a la administración aduanera mercancías contenidas en los manifiestos de carga, salvo que hubiere sido autorizado por la administración aduanera, caso en el cual la mercancía deberá entregarse en el distrito efectivo de arribo, quedando sujeto al transportista a la sanción respectiva si incumpliere con la entrega.

  • La sanción es de 10 salarios básicos unificados USD 3750

g. Obstaculizar o impedir acciones de control aduanero, ya sea por actos tendientes a entorpecer la actividad del SENAE o por negarse a colaborar con las investigaciones que se realicen;

  • La sanción es de 10 salarios básicos unificados USD 3750(cuando la infracción sea cometida por un auxiliar de un agente de aduana será sancionado además de la multa con la cancelación de su credencial)

h. Incumplir con los plazos del trasbordo o reembarques, por parte del propietario, consignante, consignatario o transportista;

  • La sanción es de 10 salarios básicos unificados USD 3750

i. No presentar los documentos de acompañamiento conjuntamente con la declaración aduanera, si corresponde conforme a la modalidad de despacho asignada a la declaración, por parte del propietario, consígnate o consignatario; salvo los casos en que los documentos sean susceptibles de respaldarse en una garantía;

  • Multa del diez por ciento (10%) del valor en aduana de la mercadería.

j. Cumplir con los plazos de los regímenes especiales, por parte del propietario, consignante o consignatario.

  • Multa equivalente a 1 salario básico unificado por cada día de retraso;

k. La sobrevaloración o subvaloración de las mercancías cuando se establezca en un control de proceso posterior. La existencia de mercancías no declaradas cuando se determine en el acto de aforo. Siempre que estos hechos no se encuentren sancionados conforme los artículos precedentes.

  • Multa equivalente al 300% del valor en aduana de mercancías no declaradas o de la diferencia entre el valor declarado y el valor en aduana de las mercancías según corresponda.

l. Permitir el ingreso de mercancías a los depósitos temporales sin los documentos que justifiquen su almacenamiento.

  • Sanción de 10 salarios básicos unificados USD 3750

m. No entregar por parte de los responsables de los depósitos temporales el inventario de las bodegas cuando sean requeridos por el SENAE.

  • Multa de 10 salarios básicos unificados USD 3750

¿Cuál es procedimiento para sancionar contravenciones?

  1. Producido un hecho del cual se presume la comisión de una contravención, el SENAE, notificará al OCE (Observatorio de Comercio Exterior) presunto responsable de la infracción con los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustentan;
  2. A partir del día siguiente de la notificación contará con el término de cinco días hábiles para presentar sus alegaciones y pruebas.
  3. Se analizará las pruebas presentadas y resolverá motivadamente sobre la procedencia o no de la sanción, en un tiempo que no podrá ser superior a diez días.
  4. Se notificará al usuario la imposición de la sanción o archivo del proceso.

Sanción aplicable para delitos aduaneros

La pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir.

 

Palabras Claves: Infracción, Aduanas, SENAE, Delito Aduanero, Faltas Reglamentarias, Derecho Aduanero y Contravenciones.

FUENTES

CÓDIGO ORGÁNICO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES (COPCI)

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP)

CÓDIGO TRIBUTARIO

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En Derecho Indígena en el Ecuador

EL DERECHO INDÍGENA EN GENERAL

Los derechos internacionales de los indígenas, se encuentran en sendos documentos de índole supranacional, siendo el más importante, el sancionado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, denominado Declaración de los Pueblos Indígenas, que ampara a más de 370 millones de personas que integran estos grupos; el texto se suscribió tras dos décadas de negociaciones conforme tengo señalado, y que fue ratificado con 143 votos a favor; 11 abstenciones y 4 votos en contra, de los Estados Unidos de América, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

Este documento consta de 46 artículos y establece los parámetros que permiten a las poblaciones indígenas conservar su cultura y su identidad, e incluye el derecho a la autodeterminación, el respeto a la propiedad, a las tierras en las que se asientan y al uso de los recursos que hay en ella, pero también se refiera a la importancia de la educación bilingüe y a la necesidad de tomar medidas que contribuyan al bienestar de las mujeres, niños y ancianos indígenas. Hay que recalcar, que uno de los aspectos más importantes y polémicos, es el referido a la protección jurídica que los Estados tiene que dar al lugar en el que viven los indígenas; de tal modo que “Sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa”, no se puede tomar ninguna decisión con respecto a las tierras donde viven los indígenas, pues esto implica observar el principio de plurinacionalidad, dicen varios estudiosos de esta matera.

El Art. 171 de la Constitución de la República, señala “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimiento propio para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los Derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad.

La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria”.

Más aún el Art. 76 de la Constitución de la República, establece en el numeral 7 letra i) “Nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia” Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto”, lo que guarda relación con el art. 344 letra c del COFJ

También tenemos que la Asamblea General de la ONU mediante Resolución 48/163 del 21 de diciembre de 1993, proclamó por primera vez el decenio internacional por las poblaciones indígenas, que comenzó  el 10 de diciembre de 1994, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas que enfrentaban los pueblos indígenas en esferas tales como: los derechos humanos, el ambiente, el desarrollo, la educación y la salud; y para lograr todos estos objetivos la misma Asamblea General dictó la Resolución 59/174 del 20 de diciembre del 2004.

Más adelante la Asamblea General de las ONU como tengo manifestado, dicta la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 21 de junio del 2006.

También tenemos el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que por mandato constitucional forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, el mismo que fue aprobado el 27 de junio de 1989, y establece la obligación de los gobiernos de asegurar a os miembros de los pueblos indígenas, favorecer la igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población, esto es a los pueblos indígenas compuestos de hombres y mujeres, que gozan de los derechos fundamentales sin ninguna clase de obstáculos.

TRADICIÓN INDÍGENA

En tesis doctoral presentada por el Lic. Rodrigo Cadena Granja, sobre el tema de “Inconstitucionalidad y arbitrariedad de la Justicia Indígena dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano”, señala “Todo lo que existe tiene origen, madres y padres, dueños, espíritu, vida propia, función, utilidad y deberes de reciprocidad, derechos y deberes; finalmente, derecho de ser, derecho de existir, no en función del ser humano individual y como dentro del universo, sino como entidad propia dotada de cualidades particulares; todo posee igualmente un lugar en la creación y en el mundo indígena.

Sus sistemas normativos o leyes propias están implícitos en la historia cultural, mitología, cosmovisión, sistemas de parentesco, formas de propiedad, uso y aprovechamiento y conservación de la naturaleza, sistemas de parentescos y métodos de control social particulares, los mitos e historias de creación, sobre los seres espirituales, sobre el origen de los animales, de los cultivos, la concepción propia del tiempo y espacio, los consejos, las creencias, saberes y sueños, las sanciones, las nuevas normas de arreglar problemas”.

¿QUÉ ES EL DERECHO CONSUETUDINARIO?

El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, señala “En Ecuador, país pluricultural, se dan costumbres locales amparadas por ciertos cuerpos legales, como es el caso específico de los pueblos indígenas, que por su uso consecutivo, uniforme y generalizado aceptado entre los miembros de la sociedad en general, se ha constituido como costumbre jurídica que paulatinamente se ha enmarcado en la Constitución de la República del Ecuador; de tal manera que el derecho consuetudinario, es el derecho no escrito que está basado en la costumbre jurídica, la cual crea precedentes, esto es la repetición de ciertos actos jurídicos de manera espontánea y natural, que por la práctica adquieren la fuerza de ley, otorgando un consentimiento tácito repetido por el largo uso.”

El Código Civil del Ecuador, señala en el Título Preliminar, en el Art. 2, que la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remita a ella, mientras que la doctrina señala que lo es cuando determinada costumbre se ha observado por un tiempo que va de diez a cuarenta años.

EL DERECHO CONSUETUDIANRIO INDÍGENA

En el derecho consuetudinario indígena rige los principios de solidaridad, reciprocidad y colectividad, por lo que se establece una diferencia con el derecho ordinario, pues son dos concepciones diferentes del mundo.

El Dr. Rodrigo Cadena Granja, es su tesis manifiesta “De hecho, constitucionalizar la justicia indígena, es aceptar de manera directa que la justicia, mal denominada ordinaria, ha colapsado, por las arbitrariedades humanas, producidas tanto por las autoridades judiciales como por las personas ligadas a ella. Sin embargo, la creación de una pseudo justicia, no sólo que empeora está situación, sino que abre la puerta a la anarquía”; lo cual no es cierto y por supuesto que no estoy de acuerdo con dicho criterio, y así lo exprese en el informe de la tesis doctoral.

LEY DE ORIGEN

Es la ciencia tradicional de la sabiduría y el conocimiento ancestral indígena para el manejo de todo lo material y espiritual, cuyo cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, del universo y de ellos mismos, como pueblos indígenas guardianes de la naturaleza, regula las relaciones entre los seres vivientes desde las piedras hasta el ser humano en la perspectiva de la unidad y la convivencia en los territorios ancestrales legados desde la materialización del mundo.

LA CULTURA INDÍGENA

La composición étnica, la cultura y las artesanías en nuestro país, es un tema que se caracteriza por su extensión y amplitud; ya que el Ecuador es un país que goza de una variedad de grupos étnicos, creencias, fiestas, músicas, cantos y danzas tradicionales; por lo que hay que tener en cuenta que todas las manifestaciones de los grupos étnicos en nuestro país son exterioriza-ciones de su cosmovisión, del particular modo, con que estas naciones indígenas visualizan al mundo y lo interiorizan; por esta razón el inglés W-J Tnoms, señalaba  “(…) se denomina cultura indígena al folklore, al conjunto de costumbres, mitos, supersticiones, etc., que constituyen el acervo tradicional de un pueblo, y también a la ciencia que lo estudia”.

CONCEPCIÓN DEL UNIVERSO

En la tesis mencionada se señala que el derecho indígena lo concibe el universo como “Es integral, la integralidad territorial y política, es la máxima connotación ancestral de nuestros pueblos, que se sustenta en la misión de protección y conservación, acciones que las autoridades deben ejercer y cumplir. El significado profundo y la explicación de integralidad, se resume en un eje básico para el hombre: la vida. Todos los elementos del territorio son portadores de vida y se constituyen en principios de vida entre todo lo existente, visto desde el orden social y político, como también desde la visualización profunda del pensamiento y del espíritu.

Poseen concepciones y normas particulares sobre derecho, justicia, gobierno propio, autoridad y poder, así como instituciones, procedimientos e instancias particulares relativas al ejercicio de autoridad, representación, decisión, control y regulación social.

El derecho mayor o derecho propio y los usos y costumbres están en permanente evolución, de conformidad con la realidad cultural, política, económica, social y espiritual de cada pueblo.”

LAS AUTORIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La tesis mencionada señala, “Son las instituciones que administran justicia al interior de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con las leyes de origen, derecho mayor o derecho propio y están conformadas por las autoridades tradicionales, los cabildos y sus asociaciones, así como por organizaciones indígenas de los niveles: zonal, regional y nacional que se han constituido en verdaderas instancias para el fortalecimiento de la justicia de los pueblos indígenas.

Las autoridades tradicionales manejan todo lo material y espiritual, interpretan y hacen cumplir la ley de origen mediante procesos ancestrales, orientan y velan por el bienestar de los pueblos indígenas y de los hermanos menores, para garantizar el equilibrio, el orden de la vida, del universo y de los pueblos mismos. Apropian el saber colectivo, guardan las creencias, y son la fuente de conocimiento indígena.

Las autoridades de los pueblos indígenas son entidades de carácter público especial, que ejercen funciones públicas administrativas, legislativas y jurisdiccionales, constituidas por las autoridades tradicionales, cabildos indígenas y sus asociaciones, así como otras instituciones propias que ejercer el poder político, judicial, administrativo, espiritual o cultural al interior de los pueblos indígenas de conformidad con su sistema normativo propio.

Los pueblos indígenas cuentan con una experiencia histórica de resistencia, con altos niveles de organización, con territorios, autoridades y organizaciones propias que han permitido vivir y construir proyectos de vida y futuro en medio del conflicto”; así termina señalando dicha tesis doctoral refiriéndose a tres Resoluciones de la Corte Constitucional de la República de Colombia.

Hay que reconocer que, en el país, a partir de la Constitución publicada en el Registro Oficial N° 1 del 11 de agosto de 1998, se dio un giro de trascendencia importancia en cuanto al reconocimiento de derechos a favor de los diversos pueblos indígenas; más aún con la vigente Constitución de la República del 2008.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

La igualdad de la especie humana, se trata de la tranquilidad ante la ley, así se debe tratar de que la igualdad formal sea también material, a través de varias mediadas, como el proveer a los perjudicados por la desigualdad a través de leyes protectoras para los más débiles.

Ejemplo: Leyes laborales, salarios, jornadas máximas, etc., aplicando acciones afirmativas.

NO DISCRIMINACIÓN

No deben existir formas de segregación, marginación o exclusión en contra de ningún miembro de la sociedad, por lo que todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, ejercerán sus derechos sin condicionamiento o afectación por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.

CONCEPTO DE RAZA

Viene del latín radia “Grupos de seres humanos que por el calor de su piel y otros caracteres se distinguen en raza blanca, amarilla, cobriza y negra”.

CONCEPTO DE DIVERSIDAD

Viene del latín diversitas, que significa variedad, desemejanza, diferencia.

IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD

Debemos vivir los derechos con igualdad para todas y todos en medio de la diversidad que somos, garantizando a las personas a que sus derechos son ni más ni menos importantes o necesarios que los derechos de los demás, teniendo cada una de las personas y pueblos los mismos derechos a ser iguales para el disfrute de los derechos, pero sin dejar de ser distintos.

¿QUE ES LA ACCIÓN AFIRMATIVA?

El Art. 11.2 de la Constitución de la República, señala que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el último inciso establece imperativamente que “El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”; de aquí nace la interrogante ¿Qué es la acción afirmativa?

Son todas las formas de intervención estatal para suspender y anular toda manifestación de exclusión a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos en la satisfacción de sus derechos, para corregir y superar las situaciones de desigualdad por las que se encuentran atravesando esos sujetos de derechos y avanzar hacia situaciones de igualdad real en el ejercicio de sus derechos.

Le corresponde al Estado generar condiciones de justicia social, económica, política y cultural con el fin de erradicar las discriminaciones estructurales y las exclusiones históricas para generar condiciones de igualdad hacia el goce de los derechos, señala el Suplemento Institucional de Diario El Comercio del 30 de junio del 2009.

CONCLUSIÓN

La filosofía de la nueva justicia, debe tener como base, el que las personas se reconozcan y reconozcan en los demás en la existencia de la diferencia, la tolerancia y se elimine la discriminación y los prejuicios en todos los campos; en suma, el Código Orgánico de la Función Judicial, trata de que los derechos humanos no sean vistos como simples anhelos o postulados teóricos irrealizables, sino como una práctica posible y cotidiana de nuestras libertades.

Recordemos que ayudarse a uno mismo y ayudar a los demás, esto es el perdón que combate el odio, la culpa es negativa mientras que el perdón y el amor lo liberan, sólo de este modo lograremos la unidad en la diversidad.

La Corte Constitucional, en el caso denominado la Cocha 2, dicta una sentencia con carácter vinculante, al señalar que los delitos contra la vida, los jueces competentes para conocer estas acciones penales son los de la justicia ordinaria y no la autoridad indígena.

Fuente:

García, J.,2016, Análisis Jurídico Teórico-Práctico del Código Orgánico General de Procesos, Quito-Ecuador, Editorial Jurídica.

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Análisis a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

En este artículo voy hacer un pequeño análisis a la LOGJCC, desde luego utilizaré sus siglas debido a la denominación larga y evitar ampliar el texto del presente artículo.

Primero partamos del Objeto y finalidad de la Ley, que consiste en regular la jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza; y garantizar la eficacia y la supremacía constitucional.

La ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, aquí se encuentran todos los principios, derechos de aplicación constitucional ampliados, lo cual profundiza y reglamenta estos principios cuando establece un conjunto de principios adicionales de aplicación de la justicia Constitucional entre los que se destacan:

  • La regla de aplicación más favorable a los derechos.
  • La optimización de los principios constitucionales.
  • La obligatoriedad del precedente constitucional y la prohibición de denegación de justicia constitucional, así como la aclaración necesaria del carácter vinculante de la jurisprudencia como fuente del derecho.

En cuanto a la primera, se trata del mismo principio de interpretación conforme a la Constitución, según el cual cuando existen dos o más normas o interpretaciones que se ajusten al caso se debe escoger aquella que esté más acorde con el texto íntegro de la Constitución y que proteja mejor los derechos constitucionales. Respecto a la optimización de los principios constitucionales, esta consiste en que la creación, interpretación y aplicación del derecho en el ordenamiento ecuatoriano siempre deberá orientarse a conseguir materialmente la eficacia de la Constitución y particularmente de sus principios y valores. En cuanto a la Obligatoriedad del precedente, este consiste en que los criterios hermenéuticos establecidos por la Corte Constitucional en sus dictámenes y sentencias son fuente directa del derecho y tienen fuerza vinculante, de tal suerte que una vez establecido, la Corte solo podrá alejarse de él argumentando de manera fuerte las razones del alejamiento, teniendo como único límite la garantía de la progresividad de los derechos y la del modelo de Estado. En lo que atañe a obligatoriedad de administrar justicia constitucional de acuerdo con este principio no se puede denegar justicia constitucional alegando falta de norma, oscuridad de la ley o contradicciones entre normas o principios.