¿Cómo afrontar el bullying desde un enfoque jurídico en el Ecuador?

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¿Cómo afrontar el bullying desde un enfoque jurídico en el Ecuador?

La palabra bullying se puede comprender en español como el hostigamiento escolar (maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo).

La característica principal que se repite en las víctimas es el silencio en que se sumergen. Es un silencio que provoca exclusión social, aislamiento familiar, sentimientos de culpa, baja autoestima, miedo, inseguridad.

El rencor es una reacción que crece paulatinamente en las victimas hasta estallar. Son conocidos los casos de jóvenes acosados por el maltrato de sus compañeros que luego han desencadenado venganzas que han llegado al homicidio. Son tan fuertes los daños psicológicos que sufre el agredido que inclusive puede incurrir en el suicidio.

Es conocido el caso ocurrido en la secundaria de Columbine(EE.UU.), por ejemplo, donde los jóvenes (Eric Harris y Dylan Klebold) asesinaron a sus compañeros debido al aislamiento social, rechazo y hostigamiento que sentían en su comunidad escolar. Los muchachos ya habían sido tratados por cuadros de psicopatía y depresión.

Todo delito o ataque a los derechos humanos debe ser denunciado. No se debe callar. La Constitución establece claramente la protección a los grupos vulnerables: niños, adolescentes, mujeres, ancianos, y el Consejo de la Judicatura trabaja para generar un mayor acceso de la ciudadanía a la justicia, y para que esta sea ágil, oportuna y eficaz. Pero es necesario que estos casos sean denunciados. Muchos de ellos quedan en el silencio, y no se permite la intervención de la ley. Hay que tomar en cuenta que los menores que son víctimas de estas violaciones a sus derechos están representados por sus padres, y son ellos, justamente, quienes deben acercarse a denunciar estos maltratos. Por otra parte, la familia es la primera instancia en que se debe fomentar en los menores de edad el resto al otro como fórmula elemental de convivencia. Los padres no deben descuidar el papel de formadores de sus hijos. Ellos son quienes deben transmitir valores de tolerancia, respeto y convivencia pacífica dentro de su contexto social, escolar o familiar. Es en la familia donde se siembra, en un inicio, la educación y conducta de los niños y adolescentes. Debemos revisar nuestra cultura y paradigmas sociales. Es hora de que, ante discrepancias o conflictos que surjan entre los chicos, los padres sepan conducirlos al diálogo. La ley debe ser una instancia final, una instancia sancionadora. A los padres les corresponde la etapa preventiva, en la que formen en sus hijos un modelo positivo de sociedad.

Tipos de bullying

Bloque o exclusión social: Usualmente se conoce como «la ley del hielo». El chico que maltrata se encarga de que nadie se relacione con el acosado. La víctima es marginada, aislada de toda actividad social o estudiantil; grupos de estudio, prácticas deportivas, teatro, danza, paseos, fiestas en casa de los demás amigos.

Manipulación: Con sagacidad y astucia, el acosador proponga rumores sobre la víctima, o difunde sus confidencias o secretos. Todo con el fin de ridiculizarla, deshonrarla o estigmatizarla.

Hostigamiento: Entran en escena los clásicos apodos, burlas, menos precios, que hacen que la víctima se sienta humillada. También implica racismo, maltrato físico, acoso y daño psicológico.

Intimidación: El acosador se siente en pleno derecho de amenazar a los demás débiles, asegurándoles que algo malo les va a pasar a ellos o a alguien cercano. Asume la protección de la víctima, la extorsiona y chantajea.

Coacción: Esta etapa conlleva violencia física y sexual. Se obliga a la víctima a realizar actos contra su voluntad.

Hay que tomar en cuenta que estas etapas no se excluyen unas a otras, sino que son graduales y pueden ser llevadas a cabo por los acosadores al mismo tiempo.

El estado garantiza la protección a niños y adolescentes.

El artículo 8 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, para adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, el ejercicio efectivo, la garantía, la protección y la exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El artículo 50 del mismo código establece, entre los derechos de protección, aquel que hace relación al derecho de protección a la integridad personal, determinando que niños, niñas y adolescentes tienen derecho «a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual». Se establece la prohibición de «ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes»

El artículo 73 indica que es deber de todas las personas intervenir en el acto de proteger a un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico, explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial.

El artículo 74 señala que el Estado adoptará las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otra índole que sean necesarias para proteger a niños, niñas y adolescentes contra las conductas y hechos dentro de los cuales se encuentran los casos de maltrato y abuso. En el desarrollo de las políticas y programas a los que se refiere este artículo, se asegurará la participación de la sociedad, la familia, los niños, niñas y adolescentes.

El artículo 75 del mismo cuerpo legal hace referencia a la prevención del maltrato institucional, señalando que el Estado planificará y pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, de protección, atención, cuidado y demás que sean necesarias, en instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda forma de maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas y adolescentes, y de estos entre sí, especialmente en su entorno de su vida cotidiana. Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales, tradicionales, de protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase que realice toda institución pública o privada deben respetar los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes, y excluir toda forma de maltrato y abuso.

¿Qué medidas de protección se establecen en el código?

El artículo 79 del Código de la Niñez y Adolescencia establece medidas de protección contra el maltrato, el abuso, la explotación sexual, el tráfico y la pérdida de niños, niñas y adolescentes. Las autoridades administrativas y judiciales competentes ordenarán medidas que prevengan o garanticen la integridad física, psicológica o sexual del niño, niña o adolescente, y podrán ejecutar dichas medidas.

¿Y la Constitución del Ecuador también se manifiesta a favor de la protección del menor?

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección V: Niñas, Niños y adolescentes, en los artículos 44 al 46, se refiere al rol que tienen el Estado, la sociedad y la familia con respecto al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes (integridad física y psíquica, identidad, salud, educación, cultura, recreación entre otras), asegurando el ejercicio de todos sus derechos como seres humanos y de los específicos de su edad. El artículo 347 de la Constitución de la República, en el numeral 6, establece que será responsabilidad del Estado erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes.

¿Qué dice el Plan Nacional del Buen Vivir frente a la protección del menor?

Dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 se establece que el Estado tiene como prioridad la erradicación de diferentes formas de violencia, principalmente respecto a mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, promoviendo un sistema de prevención, protección, atención integral y reparación de derechos a las personas que han sufrido de ella.

¿Es susceptible de ser sancionado el centro educativo donde se haya realizado un hecho de violencia?

Según lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 249 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, las autoridades y docentes que se nieguen a oír a un niño, niña o adolescente que esté en condiciones de expresar su opinión en aquellos asuntos que son de su interés son propensos a una multa de entre 100 y 500 dólares. Bajo dichos parámetros, es decir, si algún niño, niña o adolescente hace una denuncia de bullying ante las autoridades educativas y estas no realizan ninguna acción interna para corregir esta situación, el centro educativo puede ser objeto de una sanción. La competencia la tiene la Junta Cantonal de Protección de Derechos, según lo establecido en el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (artículos 190 y 235 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia).

 La Constitución de la República del Ecuador establece que será responsabilidad del Estado erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes.

En el caso de un menor acusado de bullying, ¿los responsables son los padres?

El artículo 102 del código nos indica los deberes específicos de los progenitores: respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas; proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este código, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto; velar por su educación; inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y al desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y participativa; incentivar el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa de sus derechos; reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si es el caso; estimular y orientar su formación y desarrollo culturales; asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a su grado evolutivo; promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad familiar, su salud física y psicológica; y aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y adolescente, cumpliendo con las demás obligaciones que se señalan en este código y en otras leyes.

Los padres son los representantes legales de los menores de edad, para cualquier caso. En los casos de maltrato, este procedimiento se sigue en contra del agresor directo. Para las derivaciones de orden civil entiéndase en el caso de que el menor sea demandado por daño moral, por ejemplo, los padres son responsables en cuanto a las sanciones económicas que sean prevenientes de dichos actos. En dichas causas, en esta situación, se rige evidentemente el Código Civil (artículo 2233 y 2234).

¿Puede llegar un caso de bullying a provocar un suicidio?

Por información publicada en los medios de comunicación, se ha hecho conocer a la ciudadanía que, de acuerdo a estadísticas y análisis realizados, quienes han sufrido bullying tienen como consecuencia una baja autoestima y depresión, que podrían desembocar en suicidios o inicio de malo hábitos, como el consumo de alcohol y drogas. De igual manera, estudios realizados por instituciones como el Ministerio de Educación han indicado que siete de cada diez estudiantes han sufrido de este fenómeno y que, sumados a temas de violencia intrafamiliar, entre otros factores de riesgo, han ocasionado pensamientos suicidas como una salida al problema.

¿Qué evidencias o señales prueban que un joven o niño ha sido víctima de bullying?

Los primeros síntomas de acoso escolar pueden ser lesiones, tristeza, depresión, carácter irritable, trastornos en el sueño, pérdida del apetito, dolores de cabeza o estómago, mareos frecuentes, así como la pérdida de útiles escolares, ropa, dispositivos electrónicos, etc. Por otro lado, se puede evidenciar pérdida de interés en las tareas escolares disminución en el resultado de evaluaciones, desinterés por la escuela y por participar en situaciones sociales con sus amigos, baja autoestima, ideas autodestructivas o de suicidio.

¿Cómo debe proceder una víctima de bullying para reclamar justicia y detener este atropello, tomado en cuenta que se trata de un adolescente o de un niño?

El procedimiento que tiene a la mano el representante legal del niño es proponer una denuncia de maltrato ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos a los Niños, Niñas y Adolescentes, en contra del maltratante. La junta, a su vez, puede determinar cualquier medida de protección preventiva en el auto inicial y dar al trámite el caso.

Hay que aclarar que el bullying o, más clara y específicamente -y para no usar términos extranjeros-, el maltrato hacia un menor por parte de otro menor, en el escenario educativo que estamos tratando, puede significar agresión física y provocar lesiones graves, lo cual es un delito. El maltrato puede consistir también en que el agresor le quite al compañero su dinero o colación diaria, lo cual es, simple y llanamente, un robo. El maltrato puede ser la discriminación por el color de piel, en cuyo caso nos hallamos ante un delito de odio.

Pueden, además, considerarse las agresiones sexuales, las intimidaciones, las extorciones, etc. Todos estos casos son competencia del juez de Adolescentes Infractores y la denuncia debe ser presentada ante la fiscalía respectiva.

¿Cuáles son las sanciones estipuladas para este delito? ¿Dicen algo el COIP y el COGEP?

Como establecimos con anterioridad, el bullying será un término de moda, pero consiste en un delito tipo, que se encuentra establecido específicamente como tal en nuestra legislación. Lo que si es conveniente aclarar es que muchas formas de maltrato, como las que hemos abordado, pueden constituir un delito específico y ser denunciadas ante las autoridades que hemos mencionado. Las sanciones para el maltrato se encuentran determinadas en el artículo 370 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia como medidas socioeducativas.

¿Se han presentado ya denuncias o sanciones de casos?

Claro que sí. Conozco que existen denuncias al respecto ante las juntas cantonales de Protección de Derechos; evidentemente, no como bullying sino como maltrato.

¿Se procede como denuncia o demanda? ¿Cuál es la diferencia?

Como ya se ha mencionado, se procede como denuncia ante la Junta de Protección de Derechos, si el caso no es grave, o ante la Fiscalía de Adolescentes Infractores, si configura delito.

El artículo 72 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que las personas que por su profesión y oficio están obligadas a denunciar y tengan conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente deberán denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los fiscales, autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, como entidad garante de los derechos fundamentales.

¿Qué es lo más complejo de tratar en estos casos, a nivel jurídico?

Lo complejo es que se trata de menores de edad y que hay que precautelar, proteger y garantizar, en todo momento, el principio del interés superior tanto del maltratante cuanto del maltratado. De este último, protegiendo su derecho a la no repetición del acto, y del maltratador, responsabilizándolo por la agresión ejercida. En caso de que el sujeto activo de maltrato sea un niño, niña o adolescente -por cuanto es menor de edad, está en proceso de formación y ese tipo de conductas, evidentemente, está deformando su correcto desarrollo-, se debe privilegiar las terapias y medidas de tipo sociofamiliar: comunicación entre padres e hijos y rescate de los valores fundamentales, como el respeto, la compresión, el trabajo en equipo.

¿Hay alguna diferencia entre bullying y acoso?

No. El bullying es otra forma de denominar al acoso escolar o maltrato, que pude darse en forma física (agresiones a la persona, daño o robo de sus pertenencias), verbal (insultos, humillaciones, mensajes ofensivos), psicológicos (amenazas, intimidaciones para obtener lo que quieren de su víctima) y social (aislamiento de la víctima del entorno de amigos o compañeros escolares).

 

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