El Derecho Constitucional en el Ecuador

Porjanazcoj

El Derecho Constitucional en el Ecuador

¿QUÉ ES EL DERECHO CONSTITUCIONAL?

Es la rama del derecho, que estudia los aspectos sobresalientes de la organización del Estado, sus autoridades y funciones, los principios fundamentales de su acción y control, con respecto a personas y grupos que habitan en su territorio y hacia el exterior, dentro de un marco jurídico de libertades y derechos a ellos reconocidos; y deberes asignados.

Con razón, dice la doctrina: “En el Derecho Constitucional, se conjuga la realidad política y jurídica de la nación ecuatoriana; su objetivo es garantizar la convivencia democrática y consolidar un Estado de Derecho: por ello, la parte dogmática de la Constitución no ha sido pensada con la finalidad de organizar el Poder, sino otra más valiosa: TUTELAR A LA PERSONA HUMANA FRENTE AL ESTADO”.

La Constitución de la República, que se encuentra publicada en el R.O. No. 449 del 20 de octubre de 2008, con las reformas a raíz del resultado del Referéndum y Consulta Popular del 07 de mayo de 2011, publicados en el Suplemento del Registro Oficial No. 490 del 13 de Julio del 2011, es eminentemente humanista, ya que ha sido el producto de una larga evolución política y filosófica, de un proceso de civilización de los últimos años en el Ecuador; de tal modo, que hoy la Ley Suprema no puede ser violentada, pues recalco las normas constitucionales no son principios teóricos o mandamientos éticos, sino que son derechos y garantirías constitucionales, que se contienen en la Carta Fundamental que rige nuestra vida en el país.

En resumen, la Constitución es una norma (noma Normarum) y como tal produce efectos, ella es la base angular sobre la que reposa el ordenamiento jurídico del País.

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

Teniendo en cuenta que la Constitución, es una manifestación de voluntad del pueblo, el principal derecho con que cuentan los ciudadanos en un sistema democrático, es la SUPREMACÍA DE DICHA NORMATIVA, y el respeto de la voluntad expresada en ella.

El principio de la supremacía constitucional, entraña una eficaz protección de la LIBERTAD Y DIGNIDAD DEL SER HUMANO, en tanto obliga a los poderes constituidos, a que se sujeten en sus actos y decisiones a lo dispuesto en la Constitución, en cuya parte dogmática se encuentra por así decirlo el catálogo de los derechos fundamentales de la persona.

El Referéndum en cambio, es la consulta al pueblo necesaria para la obligatoriedad de reformas en el texto constitucional.

En resumen, la supremacía constitucional significa que no existe norma superior a la de la Constitución, por tal todas las que se dicten para aplicar sus principios deben subordinarse a ella, y eso es obvio porque si la Constitución de la República es una manifestación de la voluntad del pueblo, el principal derecho con que cuentan los ciudadanos en un sistema democrático, es supremacía de dicha normativa y el respeto de la voluntad expresada en ella.

La Disposición Derogatoria de la Constitución, señala: “Se deroga la Constitución Política de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial número 1 del día onde de agosto de 1998, y toda norma contraria a esta Constitución. El resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto no sea contrario a la Constitución”.

Como he manifestado en algunos trabajos, el principio de la supremacía constitucional, entraña una eficaz protección de la libertad y dignidad del ser humano, en tanto obliga a los poderes constituidos, a que se sujeten en sus actos y decisiones a lo dispuesto en la Constitución de la República, pues la libertad y la dignidad de la persona no pueden ni deben ser omitidos por el legislador y por el órgano de administración de justicia, ya que la Constitución es la norma suprema del orden jurídico ecuatoriano, la cual determina el contendido y proceso de creación de todas las normas que de ella dependen, de tal manera que la Constitución está integrada por las normas fundamentales, sobre las que reposan la validez de las demás que componen el ordenamiento jurídico.

Así la actividad estatal debe adecuarse a las normas constitucionales en dos sentidos: formal, es decir que cada una de las normas del ordenamiento deben ser expedidas por quien tenga competencia de acuerdo a la Constitución y mediante procedimientos que ella misma desarrolle para el efecto; y material, esto es que cada actividad debe ajustar su contenido a lo que autorice o prohíba la Constitución directa o indirectamente, de tal manera que siendo la Constitución Ley Suprema y Fundamental , cualquier actuación que desconozca su sustento doctrinal, no cumpla sus preceptos o desvíen su competencia, está viciada de inconstitucionalidad y consecuentemente debe ser declarada nula.

Para terminar el comentario, recalco una vez más, que la Constitución de la República es el punto de partida dogmático o instrumental de nuestras instituciones, de aquí su carácter de norma de normas, que impide que sea desconocida por actos de inferior jerarquía, y esto tiene su razón de ser, esto es la supremacía de la Constitución sobre las restantes normas que integran el orden jurídico, estriba en que aquella determina la estructura básica del Estado, instituye los organismos a través de los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye competencia para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las controversias y litigios que se suscitan en la sociedad, y al efectuar todo esto funda el orden jurídico del Estado.

Por otra parte, recordemos que la Constitución, como factor de legitimación del sistema e instrumento de integración de los diversos grupos sociales, supone una aceptación global o filosofía política básica del texto constitucional por parte de los constituyentes, reflejo de la múltiple y plural realidad social de la que habían surgido.

Desde el punto de vista jurídico, la Constitución, es en primer lugar una norma que regula la composición, competencias y procedimientos de las instituciones del Estado, esto es la estructura del Estado, en definitiva.

D este modo, la Constitución es también la norma jurídica suprema que sirve de referencia a todas las demás. Como obra de la Asamblea Constituyente, define al llamado poder constituido, es decir, aquel del que emanan las normas ordinarias, estableciendo entre ellas un orden de primacía en función de dos principios básicos: el Principio de Jerarquía y el Principio de Competencia.

Según el primero de estos principios, las normas jurídicas se ordenan jerárquicamente, de forma tal que las inferiores no puedan contravenir a las superiores.

El juzgador cuando tenga duda razonable motivada de que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, conforme dispone el Art. 428, que establece el control concreto de la constitucionalidad:

  1. De oficio o a petición de parte, suspenderá la tramitación de la causa;
  2. Remitirá en consulta al expediente de la Corte Constitucional;
  3. La Corte Constitucional en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, decidirá sobre la constitucionalidad de la norma con efecto erga omnes;
  4. Si transcurrido el plazo previsto, la Corte Constitucional no se pronuncia, el proceso seguirá sustanciándose;
  5. Si la Corte resolviera luego del plazo de cuarenta y cinco días, la resolución que dicto dicha Corte no tendrá efecto retroactivo; pero en este caso queda a salvo la acción extraordinaria de protección por parte de quien hubiere sido perjudicado por recibir un fallo o resolución contraria a la dictada por la Corte Constitucional;
  6. No se suspenderá la tramitación de la causa, si la norma jurídica impugnada por el juez es resuelta en sentencia; y,
  7. El tiempo de suspensión de la causa no se computará para efectos de la prescripción de la acción o del proceso.

PRINCIPIO DE APLICABILIDAD DIRECTA E INMEDIATA DE LA NORMA CONSTITUCIONAL

El artículo 5, del Código Orgánico de la Función Judicial, señala “PRINCIPIO DE APLICABILIDAD DIRECTA E INMEDIATA DE LA NORMA CONSTITUCIONAL. – Las jueces y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos.”

Concordancias: Art. 11.3,424,426 CR; Art. 2 COGEP.

¿QUÉ CONTIENEN LAS NORMAS CONSTITUCIONALES?

El control constitucional aparece ligado a la idea de un gobierno limitado por el derecho, de este modo se evita el despotismo.

El constitucionalismo en Estados Unidos de América se ha conseguido y consolidado sobre todo a partir de la sentencia Marybu vs Madison, muy ligado a la idea de un control constitucional de la constitucionalidad de las leyes.

¿POR QUÉ NACE EL CONTROL CONSTITUCIONAL?

Nace para evitar la opresión gubernamental, y de que la Constitución de la República y las declaraciones de derechos humanos por si solo no basta, así se requiere de una maquinaria judicial que imponga la supremacía de la Constitución a los otros gobiernos del Estado, para poder realizar así la libertad política.

CONTROL CONSTITUCIONALIDAD EN ABSTRACTO

Cuando se puede impugnar directamente una ley, sin necesidad de que exista un proceso previo (Arts. 74 al 76 LOGJCC)

CONTROL CONSTITUCIONAL EN CONCRETO

Está iniciativa de los órganos jurisdiccionales, cuando la impugnación se hace dentro de un proceso ordinario, según dispone el Art. 428 de la Constitución de la República (Arts. 141 al 143 LOGJCC)

Nota: existen otros controles constitucionales, que trata la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, desde el artículo 99 al 140.

MISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

La Corte Constitucional debe llevar a cabo un conjunto constitucional suficientemente armónico y coherente, que cambiará la modernidad y las tradiciones, en el que sobre todo los derechos fundamentales han sido finalmente integrados.

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO

La administración de justicia es un servicio público, o sea una actividad del Estado dirigida por normas del derecho público para satisfacer necesidades colectivas, de tal manera que debe cumplir cuatro características:

  1. Generalidad, es para todos, no para determinadas personas;
  2. Igualdad o uniformidad, debe ser igual para todos;
  3. Regularidad, se sujeta a normas de derecho público; y,
  4. Continuidad, debe funcionar sin interrupciones.

¿CÓMO DEBE SER UN JUZGADOR CONSTITUCIONAL?

Para ejercer su labor en forma positiva, se deben dar ciertas conclusiones políticas y presupuestarias, pero fundamentalmente debe ser un juzgador honesto, con la disposición a enfrentarse a las mayorías políticas, cuando se trata de proteger los derechos fundamentales, sólo así el juzgador podrá por medio de la interpretación constitucional fortalecer la libertad política y el respeto a los derechos fundamentales. Debe actuar con independencia y con imparcialidad, conforme señalo en páginas posteriores.

De tal modo, que en la actualidad el juzgador, ya no es solo la boca de la ley, sino que hoy debe aplicar la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las leyes.

Recordemos, que el juzgador es aplicador de la Constitución por dos razones:

  1. Por el auge del Estado constitucional de derechos y justicia social, esto es el Estado interviene más en la vida ciudadana y por tal amerita que los jueces tengan un mayor control al gobierno, así hoy los juzgadores acceden más a criterios de tipo sustancial o material en la resolución de los conflictos, que a criterio puramente formales, con lo cual se acrecienta la creatividad de los juzgadores;
  2. El auge de los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, y que estos convenios contienen normas de tipo general, que al hacerse judicialmente exigibles requieren de un mayor papel creador de los juzgadores, y así éstos crean derechos.

Para comprender de mejor manera la Constitución de la República, es menester dar lectura a la sentencia interpretativa: 001-08-SI-CC dictada por la Corte Constitucional para el periodo de transición y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 479 del 2 de diciembre del 2008 que señala “Para entender el concepto de la Constitución como norma jurídica directamente aplicable, establecido en el artículo 424 de la Constitución, hay que hacer una breve aproximación al concepto de Estado Constitucional y su evolución…”, dicha Corte hace un análisis sobre la evolución del Estado de Derecho al Estado Social de derecho y al Estado constitucional de derechos y justicia social.

La Corte antes mencionada se plantea la siguiente interrogante ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la transformación al sistema normativo de la Constitución?

En el Ecuador, se dice, que la tradición jurídica francesa fue dominante hasta la promulgación de la actual Constitución.

Efectivamente, la nueva Constitución establece por primera vez en la historia constitucional ecuatoriana una nueva forma de Estado, el Estado constitucional de derechos y justicia social, que tiene como rasgos básicos los siguientes:

  1. La existencia de una Constitución no modificable por medio de la ley;
  2. El carácter normativo, la fuerza vinculante de toda la Constitución;
  3. El control judicial de la constitucionalidad, a través de la existencia de garantías jurisdiccionales que permiten vigilar la conformidad de las normas infra constitucionales respecto a la Constitución;
  4. La directa aplicación de la Constitución para resolver todos los conflictos jurídicos que se presentan en la sociedad; y,
  5. La facultad de interponer todo el ordenamiento, a la luz de la Constitución, a través de un órgano especializado del poder público denominado actualmente Corte Constitucional.

Esta transformación progresiva de la Constitución, hasta llegar a ser una norma, implica por lo menos, en su fórmula pura, para que todos los ciudadanos y operadores jurídicos habrán de tomar el texto íntegro de la Constitución como una premisa de decisión, igual que cualquier otra norma. Lo anterior como bien señala Ignacio de Otto, trae sustanciales secuelas frente a la interpretación de la Constitución; a saber:

  1. Habrá de interpretarse todo el ordenamiento jurídico, conforme al texto constitucional;
  2. Habrá de examinarse, a la luz del texto constitucional, todas las normas del ordenamiento jurídico, para comprobar si son o no conformes con el texto constitucional y con el llamado doctrinariamente bloque de constitucionalidad;
  3. En la aplicación concreta del derecho por los diversos operadores jurídicos, deberán aplicar, en primer lugar, la Constitución y las normas que tengan su misma jerarquía, a fin de extraer de ella la solución a cualquier litigio o problema jurídico; y sólo si esta no dice nada, se aplicarán las normas secundarias; y,
  4. La condición normativa de la Constitución tiene un efecto derogatorio general y automático para las normas preconstitucionales (ipso constitutione) que desconozca de algún modo el texto de la Constitución queda inmediatamente fuera del ordenamiento general, previa petición de parte, para las normas infra constituciones posteriores a la Constitución. La disposición Derogatoria de la Constitución de la República, establece que se deroga la Constitución Política de 1998 “y toda norma contraria a esta Constitución. El resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto no sea contrario a la Constitución”.

La consecuencia practica de la adaptación de este modelo constitucional, es que todos los funcionarios públicos, incluidos los juzgadores y los propios particulares, deberán respetar la Constitución y desarrollar sus funciones de conformidad con lo que dice el texto de la Carta Fundamental y las sentencias del órgano encargado de ejercer la justicia constitucional.

Hay que anotar, que el carácter normativo de la Constitución no acaba, sin embargo, con la definición de la estructura del Estado, y con su configuración como norma definitoria del sistema de fuentes, sino que, además, es la norma de aplicación directa y preferente en el ámbito de los derechos fundamentales, pues contiene el catálogo de derechos y libertades que la Constitución incorpora, es la expresión de la reserva de poder que se hace la sociedad así misma y en la que no puede entrar el legislador ordinario. De ahí especial protección de que se los dota.

Como dice el tribunal Constitucional Español “He aquí pues, los instrumentos técnicos básicos de defensa y garantía de los derechos fundamentales, que ya no dependen de la ley sino de la Constitución. Aquella los podrá desarrollar, regular, concretar.

Pero no podrá desconocerlos, limitarlos, vaciarlos. Tendrá que respetar siempre su contenido esencial, de esta manera de hace verdad aquella vieja frase de Herbert Kruger, en 1950 y que cita Otto Bachof,” Antes los derechos fundamentales, sólo valían en el ámbito de la ley. Hoy son las leyes las que sólo vales en el ámbito de los derechos fundamentales que la Constitución directamente proclama, porque, en definitiva, las leyes sólo valen en el ámbito de la Constitución”.

 

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